En un giro histórico para la política social del país, el Gobierno Nacional anunció el aumento de la transferencia mensual del programa Colombia Mayor, que pasa de $80.000 a $230.000 pesos para mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75 años. Esta medida, oficializada por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), beneficiará a más de 3 millones de adultos mayores en condición de vulnerabilidad.
El incremento, que comenzó a aplicarse desde el 30 de octubre de 2025, representa un avance significativo en la lucha contra la pobreza extrema en la tercera edad. Según Mauricio Rodríguez Amaya, director del DPS, “todo beneficiario que reciba este aumento supera la línea de pobreza extrema”, lo que convierte esta política en un instrumento de justicia social y reparación histórica.
La entrega de los recursos se realiza mediante transferencia bancaria o giro, dependiendo del canal asignado a cada beneficiario, y se extenderá hasta el 14 de noviembre. Además, se anunció una nivelación para personas mayores de 80 años, quienes también recibirán el mismo monto, corrigiendo desigualdades previas en el sistema.
El presidente Gustavo Petro, desde su agenda diplomática en Arabia Saudita, celebró el anuncio en sus redes sociales: “Este triunfo sobre la dignidad de algún ser humano, se lo entrego a toda la tercera edad desprotegida de Colombia”. La frase resume el espíritu de una reforma que busca universalizar el derecho a una pensión básica, especialmente para quienes han sido excluidos del sistema contributivo.
Este aumento se enmarca en la reforma pensional impulsada por el Gobierno, que busca integrar programas como Colombia Mayor al sistema de pilares, garantizando un ingreso mínimo para todos los adultos mayores sin pensión. La Corte Suprema de Justicia había ordenado avanzar hacia la universalidad del derecho a la pensión, y esta medida responde directamente a ese mandato.
En un país donde más del 40% de los adultos mayores no cuentan con pensión, este incremento no solo mejora las condiciones materiales de vida, sino que también envía un mensaje político claro: la vejez no debe ser sinónimo de abandono. El reto ahora será garantizar la sostenibilidad fiscal del programa y ampliar su cobertura a quienes aún no han sido incluidos.
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