La voz que desafió al poder: el voto disidente que reabre el caso Uribe en la Corte Suprema

La reciente absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte del Tribunal Superior de Bogotá ha sacudido los cimientos del sistema judicial colombiano. Aunque la decisión mayoritaria revocó la condena de 12 años impuesta en primera instancia por soborno en actuación penal y fraude procesal, no todos los magistrados compartieron el veredicto. La magistrada María Leonor Oviedo Pinto, en un extenso salvamento de voto de 400 páginas, se apartó de sus colegas y dejó al descubierto una grieta profunda en el fallo que ahora será revisado por la Corte Suprema de Justicia.

Oviedo, integrante de la Sala Penal del Tribunal, sostuvo que las pruebas presentadas durante el juicio oral eran suficientes para confirmar la culpabilidad del exmandatario. En su análisis, Uribe no solo tuvo conocimiento de las maniobras judiciales que se le atribuían, sino que actuó como “determinador” de los delitos, es decir, como instigador directo de las acciones que derivaron en el soborno de testigos y la manipulación del proceso judicial.

La magistrada argumentó que el fallo de primera instancia debía haberse ratificado en su totalidad, y criticó la interpretación de sus colegas sobre la legalidad de las interceptaciones telefónicas realizadas por la Corte Suprema en 2018. Mientras la mayoría consideró que dichas pruebas eran inválidas por no haberse identificado inicialmente al expresidente como el sujeto interceptado, Oviedo defendió su validez, señalando que el contexto justificaba su uso y que las conversaciones revelaban una conducta antijurídica por parte de Uribe.

Este voto disidente no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también políticas. La figura de Uribe, aún influyente en el panorama nacional, vuelve a estar en el centro del debate sobre la independencia judicial y el alcance del poder político en los estrados. La Corte Suprema deberá ahora evaluar si el salvamento de voto de Oviedo tiene el peso suficiente para reabrir el caso o si la absolución se mantendrá como definitiva.

En medio de esta controversia, la postura firme de la magistrada se ha convertido en símbolo de resistencia institucional. Su decisión, lejos de ser un simple desacuerdo técnico, representa una defensa del debido proceso y de la responsabilidad penal sin excepciones, incluso cuando se trata de uno de los líderes más emblemáticos del país.

La batalla legal por el rol de Uribe como “determinador” apenas comienza. Y con ella, se reabre una discusión de fondo sobre la justicia, la verdad y el poder en Colombia.