Descubrimiento y ubicación de la fosa común

En una zona rural del municipio de Calamar, departamento del Guaviare, la Fiscalía General de la Nación de Colombia, con el acompañamiento de la Fuerza de Despliegue Rápido #1 del Ejército Nacional, localizó una fosa común que contenía los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos.

La operación de recuperación comenzó en abril de 2025 tras la activación de mecanismos de búsqueda urgente, impulsados por denuncias de familiares y comunidades que alertaron sobre la desaparición de estas personas.

Identidad de las víctimas

Las ocho personas fueron identificadas preliminarmente por sus familiares como:

• Jesús Valero
• Carlos Valero
• Marivel Silva
• Isaid Gómez
• Maryuri Hernández
• Óscar Hernández
• James Caicedo
• Nixon Peñaloza Chacón

Entre ellas había pastores, líderes comunales y presidentes de juntas de acción comunal, reconocidos por su labor comunitaria y religiosa en la región.

Cronología de los hechos

1. 4 de abril de 2025: Dos de las víctimas reciben una citación del frente primero ‘Armando Ríos’ de las disidencias de las FARC, con el pretexto de un interrogatorio.
2. 7 de abril de 2025: Se convoca a las seis personas restantes bajo la misma excusa.
3. 14 de abril de 2025: Las autoridades locales confirman la desaparición de los ocho líderes en el caserío Agua Bonita Media.
4. Abril–junio de 2025: Familias y organizaciones de derechos humanos denuncian públicamente el caso, exigiendo acciones urgentes.
5. Julio de 2025: Se descubre la fosa común y se recuperan los cuerpos para su identificación y análisis forense.

Motivaciones y responsables presuntos

Las indagaciones iniciales apuntan a que las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, ordenaron el secuestro y asesinato.

El móvil habría sido impedir la posible conformación de una célula del ELN en el Guaviare:

• Se sospechaba que los líderes sociales impulsaban la llegada o formación de guerrillas alternativas.
• El control del territorio y la disputa de rutas de narcotráfico y minería ilegal habrían sido factores determinantes.

Reacciones oficiales y sociales

El presidente de la República de Colombia rechazó públicamente el hallazgo, calificándolo como una “grave afrenta al derecho a la vida, a la libertad religiosa y al trabajo comunitario”.

Organizaciones de derechos humanos, iglesias evangélicas locales y movimientos sociales exigieron:

• Investigación exhaustiva para llevar a los responsables ante la justicia.
• Mayor protección estatal a líderes comunitarios y religiosos.
• Reparación integral a las familias de las víctimas.

Impacto en la región y desafíos de seguridad

La emergencia reavivó el temor en las zonas rurales del Guaviare, donde grupos armados ilegales mantienen control territorial:

• Restricción de la movilidad de los residentes después de las seis de la tarde.
• Prohibición de actos religiosos nocturnos sin autorización de los grupos armados.
• Creciente desconfianza hacia la capacidad del Estado para garantizar la seguridad.

Para recuperar la normalidad, la comunidad pide:

• Presencia policial y militar permanente.
• Programas de protección individual y colectiva para defensores de derechos humanos.
• Estrategias de desarrollo integral que sustituyan economías ilícitas.

Reflexiones finales

El hallazgo de esta fosa común no solo documenta un hecho atroz, sino que evidencia la persistencia de la violencia política y territorial en Colombia. Proteger a quienes trabajan por la paz y el progreso comunitario sigue siendo un reto crucial para las autoridades y la sociedad civil.